La Gobernación de Cundinamarca ha puesto en marcha un convenio de compras conjuntas en salud que vincula a 42 de las 53 Empresas Sociales del Estado (ESE) del departamento, con un compromiso presupuestal que supera los $42.409 millones y una proyección de ahorro sin antecedentes para la vigencia 2026.
El modelo articula capacidades técnicas, jurídicas, administrativas y financieras para negociar de forma unificada la adquisición de medicamentos, insumos y dispositivos médicos, ajustándose a las particularidades de cada hospital, optimizando costos y elevando la eficiencia en el uso de los recursos públicos.
Durante 2025, una fase piloto con nueve ESE permitió ejecutar compras por $35.693 millones y alcanzar ahorros superiores a $10.772 millones en comparación con mecanismos de compra individual, gracias a mejores precios unitarios y condiciones contractuales más ventajosas.
Con la expansión del modelo a 42 ESE, el departamento incrementa su capacidad de negociación ante proveedores, disminuye gastos administrativos y fortalece la planificación financiera del sistema público hospitalario, con expectativas de ahorro aún mayores para 2026.
La iniciativa repercute directamente en la atención de más de 3,6 millones de habitantes de los 116 municipios de Cundinamarca, al garantizar continuidad en el suministro y mayor disponibilidad de insumos, particularmente en zonas con mayores dificultades logísticas.
Este instrumento se inscribe en el Plan de Sostenibilidad Financiera impulsado por la Gobernación, con asesoría técnica de PricewaterhouseCoopers (PwC), orientado a mejorar la liquidez institucional, la rotación de inventarios y la gestión financiera de las ESE.
La Secretaría de Salud ha liderado la articulación técnica y jurídica entre las entidades involucradas, consolidando un esquema estructurado y replicable que busca asegurar la prestación continua de servicios y fortalecer la red hospitalaria pública del departamento.
La dependencia resalta que la demanda institucional agregada facilita el acceso a mejores condiciones contractuales, reduce los riesgos de desabastecimiento y potencia la capacidad de respuesta ante emergencias sanitarias.
