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Castigo por daño ambiental: Multa millonaria y reforestación obligatoria tras destrucción de frailejones en Boyacá

“No vamos a permitir que nadie ponga en jaque la seguridad hídrica de nuestra gente, pues la ley se cumple o se asumen las consecuencias”: Director General de la CAR.

La autoridad ambiental ha impuesto una sanción superior a los $100 millones de pesos contra dos individuos responsables de arrasar con más de 40 fanegadas de ecosistema estratégico en el páramo Iguaque Merchán, ubicado en Saboyá, Boyacá. Además de la multa económica, los infractores están obligados a plantar de inmediato 550 árboles de especies nativas para intentar resarcir el daño causado.

Los detalles del ecocidio

El caso, que se remonta al año pasado, fue detectado en flagrancia mientras se utilizaba maquinaria pesada para el arado de la tierra. Durante la intervención ilegal, se registró:

  • La tala de 247 frailejones (especies fundamentales para la regulación hídrica).
  • La destrucción de cobertura vegetal en 25 hectáreas destinadas a la siembra de papa.
  • Afectaciones graves en la vereda Monte de Luz, zona protegida como Reserva Forestal Regional desde 1999.
Restauración bajo vigilancia

La sanción no se limita al pago de la multa. Bajo la nueva metodología de compensaciones ambientales implementada en 2025, los responsables deberán cumplir con un estricto plan de restauración:

  1. Siembra técnica: Plantación de especies como mano de oso, arrayán, aliso, mortiño, chilco, tuno, sietecueros y encenillo.
  2. Mantenimiento obligatorio: No bastará con sembrar; los infractores deben garantizar la supervivencia y el cuidado de los árboles por un periodo de 3 años.
  3. Distribución específica: La autoridad ambiental exige una cobertura mixta con distancias de entre 1 y 2.5 metros entre cada ejemplar.
Un mensaje de advertencia

Alfred Ignacio Ballesteros, director general de la entidad ambiental, fue enfático al señalar que destruir el páramo «sale muy caro». Según el funcionario, la pérdida de estos frailejones representa décadas de evolución hídrica eliminadas por intereses agrícolas particulares.

«Nuestra nueva metodología es clara: quien daña, paga y restaura bajo nuestras condiciones. No permitiremos que se ponga en jaque la seguridad hídrica de la región», puntualizó Ballesteros.

Información: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca.

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